La detención de José Antonio Cortes Huerta, identificado como operador del Cártel del Noroeste, ha permitido a las autoridades federales consolidar los datos de la red de «huachicol fiscal» vinculada a Roberto Blanco Cantú. El operativo resultó en el aseguramiento de armas de fuego, narcóticos, divisas en efectivo y siete ejemplares de tigre en propiedades relacionadas con el sospechoso. Este golpe táctico estrecha el cerco sobre Blanco Cantú, socio mayoritario de la empresa transportista Mefra Fletes.
Los registros contables bajo investigación señalan que Mefra Fletes operó un esquema de comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita importados desde Estados Unidos. La empresa, constituida en 2015 en Guadalajara, Jalisco, registró un cambio significativo en su estructura accionaria en marzo de 2019, fecha en que Blanco Cantú ingresó como socio principal. Desde entonces, la frecuencia de traslados de combustible aumentó en un 300% hacia el norte del país.
El expediente técnico vincula a esta compañía con el decomiso del buque Challenge Procyon en el estado de Tamaulipas, ocurrido en abril de 2025. En aquella intervención, las autoridades incautaron millones de litros de combustible de contrabando que no contaban con los registros de importación legal exigidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante el operativo, también se aseguraron camiones cisterna con los logotipos de Mefra Fletes.
La infraestructura logística de la red incluía el uso de vehículos pertenecientes a las empresas Autolíneas Roca y Transportes Especializados Amol. Datos de la fiscalía indican que Blanco Cantú es cofundador de Autolíneas Roca, lo que permitía la triangulación de rutas para evadir los controles carreteros de la Guardia Nacional. El volumen de combustible movilizado por esta red representa una de las mayores afectaciones al erario detectadas en el presente ciclo fiscal.
Roberto Blanco Cantú mantiene el estatus de prófugo de la justicia desde septiembre del año pasado. Su salida del radar oficial coincidió con el desmantelamiento de una red de contrabando liderada por mandos de alto rango de la Secretaría de Marina (SEMAR). En ese periodo, se emitieron ocho órdenes de aprehensión contra miembros del consejo administrativo de Mefra Fletes y sus apoderados legales.
Entre los objetivos prioritarios de esta red se encuentran Brenda Mareina Salas Ramírez y Gustavo Jesús Guillén Chávez, fundadores originales de la sociedad mercantil. Los registros de movimiento migratorio y bancario de estos individuos están siendo monitoreados para detectar posibles flujos de capital hacia cuentas en el extranjero. La fiscalía ha solicitado el congelamiento de activos de las tres empresas transportistas involucradas.
Finalmente, el operativo contra Cortes Huerta arroja luz sobre la protección armada que el Cártel del Noroeste brindaba a los convoyes de combustible. El uso de armamento de alto poder asegura la viabilidad de las rutas de contrabando frente a grupos antagónicos y autoridades locales. La investigación continúa abierta para determinar el alcance total del daño patrimonial causado por la comercialización de hidrocarburos robados.
